El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, expuso el contenido de un informe internacional sobre la política de seguridad salvadoreña y afirmó que el documento confirma algo que varios activistas intentaron negar durante días: que se plantea la liberación de los pandilleros detenidos desde el inicio del Régimen de Excepción en El Salvador.
Durante dos días, periodistas, activistas y representantes de ONG financiadas por la Open Society Foundations aseguraron que el informe de expertos en derechos humanos no exigía la liberación de todos los capturados.
Sin embargo, el propio documento sostiene que el 100 % de las detenciones realizadas bajo el Régimen de Excepción son arbitrarias.
Y en términos jurídicos, una detención arbitraria obliga al Estado a liberar inmediatamente al detenido.
Si todas las capturas son arbitrarias, todos deben ser liberados
El informe señala que las capturas realizadas durante la ofensiva contra las pandillas carecen de garantías mínimas y de debido proceso.
Ese señalamiento tiene una consecuencia directa.
Cuando una detención se declara arbitraria, el Estado no puede mantener a la persona encarcelada. Debe liberarla.
Por lo tanto, si el documento afirma que todas las capturas han sido arbitrarias, la consecuencia es clara: todos los detenidos deben ser liberados.
“Nadie, y menos alguien que dice ser defensor de derechos humanos, puede argumentar que es legal mantener en prisión a una persona detenida arbitrariamente”, expresó Bukele al referirse al contenido del informe.
El debate sobre las pandillas
El informe también sostiene que encarcelar a una persona por su pertenencia a una pandilla y no por delitos específicos constituye una violación a los derechos humanos.
Esto significa que la afiliación a organizaciones criminales como la Mara Salvatrucha o la Barrio 18 no sería suficiente para justificar una detención si no se prueban delitos adicionales.
Bukele ilustró ese punto de forma directa: incluso si alguien tiene tatuado “MS13” en la frente, la pertenencia a la pandilla no bastaría para encarcelarlo sin otras pruebas.
En un país donde estas estructuras criminales dominaron barrios enteros durante décadas, ese planteamiento desató un nuevo choque entre el gobierno y organizaciones internacionales.
Las exigencias del informe
Además de calificar las detenciones como arbitrarias, el informe plantea tres exigencias directas al Estado salvadoreño:
-
Poner fin al Régimen de Excepción.
-
Derogar la legislación penal, procesal penal y procesal juvenil vinculada a esa política.
-
Retirar a la Fuerza Armada de las tareas de seguridad pública.
Estas demandas implican desmontar el marco legal que permitió al Estado capturar a decenas de miles de pandilleros en los últimos años.
“Se quitaron la máscara”
Tras analizar el documento, Bukele afirmó que el debate permitió mostrar con claridad la postura de ciertas organizaciones internacionales.
“De verdad me alegra que se hayan quitado totalmente la máscara”, expresó el mandatario.
A su juicio, el informe deja en evidencia el objetivo de estas estructuras, a las que describió como bufetes legales internacionales del crimen.
Para el presidente, la intención es clara: debilitar las políticas de seguridad implementadas contra las pandillas y presionar para revertir las medidas que transformaron el panorama de violencia en El Salvador.
Un debate que sigue marcando la relación entre el país, el sistema internacional de derechos humanos y la estrategia estatal contra el crimen organizado.
Los “periodistas”, activistas y personeros de las ONG pagadas por Open Society tienen ya 2 días afirmando que el informe de “los expertos y expertas de derechos humanos” sobre El Salvador no exige la liberación de TODOS los pandilleros detenidos desde que inició el Régimen de… pic.twitter.com/yQi4TSY7uU
— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 15, 2026