En El Salvador, la seguridad dejó de ser una promesa política para convertirse en un dato estructural que reconfigura la historia reciente del país. El cierre de 2025 marcó un punto de quiebre: 82 homicidios en todo el año y una tasa de 1.3 por cada 100 mil habitantes, la más baja jamás registrada a nivel nacional.
No se trata únicamente de una cifra. Es un mensaje político, institucional y social que sigue influyendo en el debate público, dentro y fuera del país.
Del país más violento a un mínimo histórico
En 2018, El Salvador figuraba entre los países más violentos del mundo, con una tasa de homicidios de 53.1 por cada 100 mil habitantes. Siete años después, el contraste es radical y difícil de ignorar.
Durante 2025, el promedio diario fue de 0.2 homicidios, un registro impensable una década atrás. Desde el inicio del régimen de excepción, el país acumuló 988 días sin homicidios, y desde la llegada al poder del presidente Nayib Bukele, la cifra asciende a 1,102 días sin asesinatos.
La narrativa oficial sostiene que el control territorial del Estado fue recuperado, rompiendo con décadas de dominio criminal.
Impunidad cero y un sistema judicial reconfigurado
Las autoridades informaron que el 100 % de los homicidios registrados en 2025 fueron resueltos, un dato que rompe con una larga tradición de impunidad estructural en el país.
Del total de casos, 41 fueron cometidos con arma blanca, 18 con objetos contundentes, 13 con arma de fuego y 10 mediante otros medios. El desglose refleja un cambio en la naturaleza de la violencia letal, donde los conflictos interpersonales superaron a la criminalidad organizada.
En cuanto a las causas, 43 homicidios estuvieron vinculados a intolerancia social, 31 a conflictos familiares y ocho a delincuencia general, evidenciando un escenario distinto al de los años dominados por estructuras pandilleriles.
Más condenas, menos absoluciones y un dato incómodo
Durante 2025, el sistema judicial registró 11,666 condenas, lo que representa un incremento del 52 % en comparación con 2020. En contraste, las absoluciones disminuyeron un 47 %, cerrando el año con 2,126 casos.
Desde 2019, el balance nacional deja un dato poco citado en el discurso público: 70,011 personas han sido condenadas, mientras que 18,669 fueron absueltas a nivel nacional. Esta cifra introduce matices en una política de seguridad usualmente descrita solo en términos de represión o mano dura.
El régimen de excepción como eje del modelo de seguridad
Entre el 27 de marzo de 2022 y el 31 de diciembre de 2025, las fuerzas de seguridad capturaron a 90,844 personas señaladas como “terroristas”, de las cuales 6,584 fueron detenidas solo en 2025.
En el mismo periodo, el Estado incautó más de 11,850 vehículos, 23,990 teléfonos celulares y 5,180 armas, debilitando las capacidades logísticas de las estructuras criminales.
El régimen de excepción se consolidó así como la columna vertebral del modelo de seguridad, con un impacto que trasciende cifras y abre debates jurídicos y políticos que siguen vigentes.
Golpe al narcotráfico y caída del delito común
En 2025, El Salvador decomisó 25 mil kilogramos de droga, valorados en más de 620 millones de dólares, principalmente cocaína. La cifra representó un aumento de 7,786 kilogramos respecto a 2024, reforzando el papel del país en la lucha regional contra el narcotráfico.
En paralelo, los delitos generales registraron una reducción del 51.5 % en comparación con el año anterior. El hurto cayó más del 60 %, las lesiones bajaron cerca del 48 %, las violaciones se redujeron en casi 25 %, la extorsión descendió un 6 % y el robo de vehículos disminuyó cerca del 59 %.
El entorno urbano y rural mostró así un rostro profundamente distinto al de la década pasada.
El discurso institucional y la consolidación del poder
Para el fiscal general Rodolfo Delgado, los resultados no responden a casualidades, sino a una estrategia coordinada del Estado.
La Fiscalía General de la República, en conjunto con el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, presentó 2025 como la validación de un modelo donde la justicia dejó de ser promesa para convertirse en resultado medible.
El Salvador inicia el camino posterior a 2025 con indicadores de seguridad que hace una década parecían inalcanzables. La discusión ya no gira únicamente en torno a si el país puede ser seguro, sino qué costos, equilibrios y garantías sostendrán este nuevo orden.
La historia política salvadoreña continúa escribiéndose, y 2025 quedará registrado como el año en que el miedo dejó de ser la estadística dominante. Lo que ocurra después definirá si este modelo se consolida como legado o como una excepción irrepetible.
#Nacional | "Sin el régimen de excepción no habría sido posible la captura de más de 6 mil delincuentes (en 2025)", afirma el ministro de @DefensaSV, @merino_monroy.
— La Noticia SV (@lanoticiasv) January 5, 2026
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